Los padres de Javier Rodríguez reciben la ayuda semanal de una auxiliar a domicilio. Esta última no ha sido una excepción. Javier considera que la empresa responsable (Sacyr Social, subcontratada por el Ayuntamiento de Madrid) no se ha coordinado con ellos para medir la urgencia y la necesidad de la visita. Lamenta, además, que la trabajadora haya acudido sin un kit de protección mínimamente adecuado que evite su exposición y la de los usuarios (de edad avanzada y, por lo tanto, muy vulnerables al coronavirus). Rodríguez explica que la auxiliar, incluso, se vio obligada a improvisar una mascarilla casera.
Hay cuarentenas y cuarentenas. Y la de las trabajadoras de la ayuda a domicilio (la inmensa mayoría son mujeres) no está siendo, precisamente, de sofá, manta y Netflix. Su colectivo forma parte de ese grupo de sectores profesionales que se están echando a las espaldas la pandemia. Forman parte de los aplaudidos. Pero no son las más visibles.
El caso que denuncia Javier contraviene por completo el protocolo emitido por la Comunidad de Madrid, en el que pide que, además de extremar las medidas higiénicas, se utilicen “batas, mascarilla y guantes desechables». Añade que «el material desechable se eliminará en la basura de cada domicilio». Lo obligatorio es, por tanto, usar una bata, una mascarilla y unos guantes por cada atención, por cada usuario. Sin embargo, las trabajadoras y sindicatos denuncian que estas instrucciones no se están siguiendo.
Concha Real, portavoz de la Plataforma Unitaria de Auxiliares a Domicilio, describe su problema como “el mismo de los sanitarios» y los policías: no hay material. «No puedes ir de domicilio a domicilio con una bata, con la misma bata, para cuatro o cinco domicilios que haces diarios» explica. Ella, como delegada de prevención, lo viene denunciando en su empresa desde mucho antes de la llegada de la pandemia. Reciben «dos batas al año» y guantes. Ninguna mascarilla. Solo se facilitaba si la trabajadora, individualmente, la solicitaba. Concha lo hizo. «Me dieron una que no estaba homologada. A los tres días la tuve que tirar. Me he tenido que pagar una yo», dice. Cuando llega a casa la limpia con alcohol: no está segura de si eso sirve para algo, pero es “la única que tengo”. Los guantes, por su parte, “son de vinilo, no valen para nada”. Se rompen por la muñeca, no se ajustan, y “los fluidos de la persona se quedan dentro”. Según Real, la razón que le dieron para evitar comprar unos de mejor calidad es porque costaban “5 céntimos más por caja”.
Desde el Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid (responsable del servicio de ayuda a domicilio a los no dependientes) confirman que la desprovisión actual es “absolutamente cierta” y que está afectando “a todos los servicios municipales”. “Es un gran problema que tienen las administraciones ahora mismo, pero el Gobierno fue el que asumió la responsabilidad, los que dijeron que iban a centralizar la distribución. Hay mucha preocupación en los trabajadores, lo sabemos de sobra, pero desgraciadamente no está en nuestra mano poner solución”, sostiene un portavoz del área de Familia, Igualdad y Bienestar social del Ayuntamiento de Madrid, la institución responsable del servicio para los no dependientes.
Es un error, no obstante, situar el foco únicamente en la escasez de material (un contratiempo que estas semanas ha adquirido dimensiones mundiales). Tal y como explica un médico, residente en un hospital madrileño, tan importante es el material como la formación técnica: saber quitarse la ropa, lavarse las manos correctamente… “Si lo haces mal puedes tener una sensación de falsa seguridad”, advierte. Ellos, además de haber recibido un curso, manejan un protocolo que obliga a que un compañero se cerciore de que se está colocando y quitando los guantes, la bata o la mascarilla de forma correcta. Real dibuja un panorama diferente. Aunque dispusiera de accesorios protectores ninguna compañera la podría vigilar, ya que las visitas son individuales. También ha recibido cursos, pero “genéricos”, no específicos para su servicio.
Para este profesional sanitario, los objetivos prioritarios de cualquier sistema de atención son la coordinación y la eficiencia. Ana González, secretaria de Políticas Sociales de Comisiones Obreras en Madrid, considera que, en este caso, dichos fines están muy lejos de cumplirse. “No hay un único gobierno, no hay un único mando que permita determinar una serie de instrucciones que se desarrollan en el conjunto del servicio: en la ciudad de Madrid, por ejemplo, se presta el servicio a través tres empresas (Clece, Asista y Sacyr). Las instrucciones se diversifican”. Recuerda, además, que las competencias están divididas: los municipios se encargan del servicio de ayuda a domicilio para los no dependientes y la Comunidad de Madrid de los usuarios dependientes.
Esta dificultad logística es una piedra más en una situación que, durante este periodo excepcional, define como “totalmente insostenible”. Creen que tiene que reducirse el servicio dando prioridad a los casos de usuarios preferentes, más importantes, las personas más dependientes, para que haya garantías absolutas de que los trabajadores pueden realizar sus tareas en condiciones de seguridad. Esta reducción no debería implicar ningún ERTE o suspensión de contrato, señala González, “ya que puede haber otras tareas (la compra de alimentos, el refuerzo de la atención telefónica) que permitan que el servicio se mantenga activo y que se pueda dinamizar de nuevo en cualquier momento”.
Desde el Ayuntamiento opinan, sin embargo, que en lo que se refiere a sus competencias hay bastante “unidad de mando” y que son ellos los que toman las decisiones. Entienden, además, que su compromiso es con los usuarios: “Y con un servicio público que tenemos que cumplir en la medida de lo posible”. Consideran, por tanto, que la última la palabra la tiene el receptor del servicio, y parten de la premisa de que «el que no quiera recibirlo por miedo al contagio va a llamar y a darse de baja inmediatamente». No obstante, tras el cierre de los centros de día en la ciudad, el área ha acometido una “reorganización” orientada a que se atienda “a gente que lo necesita imperiosamente”. Para ello, el consistorio ha tratado de reducir las visitas focalizadas en la limpieza del hogar de personas que pueden valerse por sí mismas y que no vivan solas. Los posibles contagios, admiten, les preocupan, pero creen que la solución reside en encontrar “un equilibrio, complejo y difícil” entre “la seguridad para usuarios y trabajadores” y “la atención al colectivo de los mayores”.
Sacyr Social, por su parte, dice hacer extensivo “el aplauso diario” a sus trabajadores por “su esfuerzo y dedicación”, pero, también, asume que su “obligación es seguir prestando el servicio a las personas más vulnerables, indispensable para ellos y sus familias, en las mejores condiciones posibles.”
Un servicio privatizado
Ana González considera que la crisis debería provocar reflexiones y preguntas de fondo. “Desgraciadamente, este virus lo que está poniendo en evidencia es la gran debilidad de los sistemas de protección social y de los servicios sociales”, opina. “La gestión indirecta o privada incrementa la precariedad en el empleo y del servicio que se presta. Además, va unida a las limitaciones de control y de inspección que tiene la administración. Si la administración tuviera la capacidad para controlar e inspeccionar, y además, aplicara herramientas para el incumplimiento de los contratos, se limitarían estas situaciones de desgobierno. No puede ser que un servicio esencial de estas características esté al cien por cien privatizado”, argumenta.
Concha, que trabaja en el ayuntamiento de Getafe, lo explica con números. “Por una hora de mi trabajo el Ayuntamiento le paga a Sacyr 16,30. Mi hora de trabajo no llega a 7,50. Ese restante es lo que gana la empresa”. Real considera que estarían, además, mejor atendidos, ya que se podrían corregir los excesos o los déficits de atención con mucha más soltura. Hay que recordar que estas empresas operan con un presupuesto fijo que no se puede modificar a posteriori.
Desde el área municipal de Madrid no se cierran al debate. “Siempre se deben sacar conclusiones de las crisis. Lo más dramático sería que saliéramos de ella sin aprender nada. A lo mejor habrá cosas que habrá que tener más en cuenta para futuros contratos”. No obstante, no se muestra del todo de acuerdo con la representante del sindicato. “El Ayuntamiento controla los servicios. Si alguien no cumple se abre expediente, y no es una cosa rara que se pongan sanciones”.
Las grandes invisibles
No se debe olvidar que, mientras tanto, las estadísticas de personas usuarias y trabajadoras ingresadas por el virus crecen. La precaria situación de las auxiliares de ayuda a domicilio dificulta mucho que puedan plantarse. Muchas de ellas son extranjeras. Ya advertía Cristina Barrial que en la posibilidad de desentenderse también hay clases.
Como explica Concha Real, las condiciones en las que se desarrolla su empleo (sin centro físico, de casa a casa) complican mucho las iniciativas de organización. Además, “la contratación eventual es enorme”. La mayoría no quiere ni puede escuchar hablar de un posible ERTE. Por lo pronto, tal y como denuncia Isabel (que trabaja para Sacyr con dependientes de la Comunidad de Madrid) a algunas las están obligando a cogerse vacaciones. Si no les conceden los servicios mínimos necesitan seguir trabajando. Hay que comer. “A mí me han dicho compañeras que van a ir a trabajar aunque sea sin guantes”, afirma Real.
La portavoz de la PUUAD pide que se las escuche y se las valore. “Nosotras somos personal cualificado. Somos limpiadoras, y además somos muchas otras cosas. Ayudamos a las personas a hacer todo aquello que no pueden hacer por sí solos: aseo personal, compra, citas médicas, control de medicación, elaboración de menús… Somos un servicio no sólo esencial, sino preventivo. Evitamos ingresos hospitalarios, sabemos de primera mano como están los usuarios. Y hacemos que se alarguen las estancias en su casa, con las mejores condiciones de vida, retrasando su entrada en una residencia. Las administraciones, las empresas y los medios de comunicación nos deben respeto. Somos las invisibles. Y estamos indignadas.”
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